Nuevo decreto de corresponsabilidad de la política pública para víctimas

Consciente que la reparación integral de las víctimas es un asunto de todos, el Gobierno Nacional expide el decreto de corresponsabilidad, una herramienta para facilitar la coordinación entre nación y entes territoriales.

Con el fin de garantizar el goce efectivo de derechos de las víctimas del conflicto armado en el territorio nacional, se estableció la adopción de la estrategia de corresponsabilidad, mediante el Decreto 2460 del 17 de diciembre de 2015. 

El Decreto define la adopción de reglas que permiten el funcionamiento de una estrategia de corresponsabilidad entre la nación y las entidades territoriales para el ejercicio y  la distribución de sus competencias en la implementación de la política pública de  prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, mediante principios de coordinación, concurrencia,  y subsidiaridad. Se modifica el parágrafo 2 del artículo 2.2.8.3.8, Decreto único reglamentario del sector de inclusión social y reconciliación. Por otro lado, el Decreto 2460, se convierte en una herramienta básica frente a las expectativas de coordinación nación territorio en términos de construcción de paz territorial. 

La aplicación de estos principios tendrá los siguientes alcances: 

* Fortalecimiento de la planeación de la política de víctimas, a través de la definición de fechas que permitan hacer compatibles los procesos de la planeación y el presupuesto de los niveles territorial y nacional y así, dar cumplimiento a las metas establecidas y asegurar la sostenibilidad de las fuentes de financiación. 

* Fortalecimiento del plan de acción territorial, en su articulación con los planes que desarrollen los componentes de la política pública dirigida a víctimas, los presupuestos locales y demás instrumentos de planeación de alcaldías y gobernaciones, de acuerdo a las necesidades identificadas entre esta población. De igual manera, la estructuración y organización entre las herramientas de planeación territorial y la oferta nacional de bienes, servicios metas y recursos, buscando que la gestión del territorio en la política pública aumente su impacto. 

* Confluencia de los tres niveles de gobierno, para la planeación, ejecución y seguimiento de las acciones en materia de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima, dentro de cada uno de los municipios, con la inclusión de las víctimas del conflicto armado interno elegidas en las mesas de participación de cada nivel. 

* Aplicación de principios de coordinación, subsidiariedad y concurrencia, para el cumplimiento de las competencias de las entidades territoriales de manera regulada con las entidades públicas que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv), con el fin de garantizar el goce efectivo de derechos de personas que, de manera individual o colectiva, hayan sufrido daños a raíz del conflicto. Esto mediante la definición de procedimientos, criterios e instrumentos para la prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral de las víctimas, de manera armónica entre los diferentes niveles de gobierno. En virtud del principio de subsidiaridad Nación y departamentos, apoyarán al municipio. Asimismo, la concurrencia se verá reflejada cuando existan competencias compartidas en la prestación de bienes y servicios. 

* Fortalecimiento de las entidades territoriales, con el fin de garantizar el cumplimiento del principio de concurrencia para la gestión de las competencias que corresponden a las entidades en el marco de la política pública de víctimas, entidades nacionales podrán delegar a la territoriales esquemas asociativos territoriales, regiones administrativas y de planificación especial  para que constituyan el fin a través de mecanismos legales establecidos, de tal manera que puedan contar con una mayor capacidad para garantizar el goce efectivo de los derechos de la población víctima.  

* Seguimiento y evaluación, consiste en la verificación del grado de corresponsabilidad generado en los niveles del gobierno.  Entidades nacionales, municipales y departamentales informarán semestralmente en el tablero PAT la ejecución de sus compromisos y el cumplimiento del modelo de corresponsabilidad adoptado a partir de la definición de los criterios y procedimientos para la aplicación de los principios de subsidiaridad y concurrencia en su jurisdicción. De esta manera se dinamizan los procesos de seguimiento a la política, que están en cabeza de los Comités Territoriales de Justicia Transicional y la labor de control social de las mesas de participación efectiva de las víctimas. Ministerio del Interior y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas realizarán la asistencia técnica. 

* Transición, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia de la estrategia de corresponsabilidad, el Ministerio del Interior y la Unidad para las víctimas definirán el proceso para la aplicación de los principios de subsidiaridad y concurrencia que regirán para el 2016. El decreto habilita al gobierno nacional para establecer una transición durante la vigencia de ese año, la cual establece fechas para la definición de compromisos de cada territorio con las víctimas, acordes con la realidad territorial. 

La propuesta reglamentaria de la estrategia de corresponsabilidad establece fechas que son necesarias para armonizar y garantizar los procesos de planeación entre la Nación y las entidades territoriales. Los criterios han sido construidos y acordados con las ciudades capitales de manera que exista la territorialización de la política de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Se incluyen la delegación de competencias, desarrollo conjunto, conformación de alianzas estratégicas, coordinación de entidades nacionales y asistencia técnica. En este sentido, la coordinación resultará fundamental para que los nuevos mandatarios locales establezcan acciones coherentes y específicas con el fin de formular planes, programas y proyectos que procuren la atención y reparación integral de las víctimas.