Este proyecto responde a la necesidad de avanzar en la garantía y goce efectivo de los derechos de las víctimas del conflicto armado, adecuándolo a su nueva realidad, bajo los principios de progresividad y no regresividad.
Estas son las principales:
Es necesario implementar acciones encaminadas a la superación de la situación de vulnerabilidad, que ayuden a superar las barreras de acceso a la oferta social del Estado y garantizar la estabilización socioeconómica de las víctimas del conflicto armado, y en particular las de desplazamiento forzado.
● Se adopta el enfoque de soluciones duraderas, como una respuesta coordinada y articulada a nivel interinstitucional, a través de estrategias y acciones destinadas a superar de manera definitiva y sostenible la situación de vulnerabilidad de las víctimas.
● Dirigidas para que quienes han sufrido desplazamiento por causa del conflicto armado puedan integrarse plenamente en la sociedad y superar su situación de vulnerabilidad.
● Pretende dar una respuesta institucional efectiva en materia de soluciones duraderas, con especial énfasis en educación, vivienda y generación de ingresos.
La Comisión de la Verdad enfatizó en la necesidad de fortalecer la reparación colectiva para garantizar su sostenibilidad y enfoque transformador. La reforma propuesta pretende la vinculación de todos los actores del SNARIV en estos Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC), con el objetivo de proponer la reconciliación y la justicia para las comunidades afectadas por causa del conflicto armado.
● Busca fortalecer las medidas económicas, de rehabilitación comunitaria y programas para el desarrollo social, salud y educación, entre otras.
● Propone integrar los Planes de Reparación Colectiva con otros mecanismos del Acuerdo de Paz y mejorar la implementación de dichos planes.
En la actual Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se evidencia una debilidad en materia de enfoques diferenciales para atender las vulnerabilidades de ciertos grupos poblacionales afectados por el conflicto armado.
● El proyecto tiene como fin impulsar la materialización de estos enfoques diferenciales, incluyendo el diferencial e interseccional; derechos; niñez; género, derechos de las mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas; discapacidad, persona mayor y territorial.
Los segundos ocupantes y la falta de consenso entre los jueces sobre cómo abordar esta situación son uno de los principales problemas respecto a los procesos de restitución de tierras. La propuesta del Gobierno Nacional para actualizar la Ley de Víctimas pretende revisar y aclarar la ley para definir con precisión los derechos y las obligaciones de todas las partes involucradas en el proceso de restitución.
● Se propone introducir nuevos principios en el proceso, clarificar los derechos de los segundos ocupantes, entre otros aspectos.
● Se proponen ajustes al procedimiento de restitución de tierras con el fin de acelerar el trámite administrativo para contar con la compensación o restitución misma del bien, y se establece un mecanismo de seguimiento y monitoreo a las órdenes de restitución de tierras.
El Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas (SNARIV) requiere ajustes para poder garantizar a las víctimas del conflicto armado un mayor acceso a derechos. Por esa razón, la reforma tiene como objetivo implementar mejoras en los mecanismos de coordinación e incorporar nuevas entidades.
● Se propone una Estrategia Integral de Intervención Territorial para alinear las ofertas institucionales a diferentes niveles.
Los esfuerzos actuales de coordinación son insuficientes para garantizar la implementación adecuada de la Ley 1448 de 2011 y el Acuerdo Final de Paz. Es necesario garantizar que todas las víctimas del conflicto armado tengan conocimiento y el acceso a los recursos legales existentes y a un sistema de justicia equitativo.
● Por esa razón, esta reforma busca garantizar que la política de víctimas esté en línea con lo establecido en el Acuerdo Final de Paz y que, a su vez, esté articulada con la implementación de los planes y programas a nivel local e interinstitucional derivados de la firma del Acuerdo.
● Busca adoptar en los planes y programas de reparación un enfoque territorial, étnico y de género, que correspondan a las características particulares de la victimización en cada territorio y cada población y en especial a la protección prioritaria de las mujeres y de los niños y niñas víctimas del conflicto.
Este proyecto pretende fortalecer al esclarecimiento de la verdad como una medida integral de dignificación y satisfacción de las víctimas, así como su inclusión como parte de los procesos de reparación, justicia y garantías de no repetición, atendiendo a los estándares y principios desarrollados en las últimas dos décadas por las prácticas internacionales y nacionales.
● Entre las medidas, se propone construir un Mapa de Reconocimiento y Memoria que sirva de fuente de información e instrumento de reconocimiento.
● También se busca difundir y avanzar con el análisis y ampliación del legado de la Comisión de la Verdad.
Los recursos asignados para la implementación de la política pública de víctimas han sido insuficientes para cumplir con los compromisos adquiridos en materia de atención y reparación en un tiempo razonable. Es fundamental que exista una asignación presupuestal adecuada destinada al pago de indemnizaciones, programas de atención y reparación, estrategias de generación de ingresos y gastos operativos, entre otros.
● En el proyecto se establece la creación de una comisión integrada por miembros del Gobierno Nacional, expertos en materia de víctimas, representantes de la Mesa de Víctimas y los pueblos étnicos, entre otros, para elaborar recomendaciones de financiamiento.
En cumplimiento del Acuerdo Final de Paz se promueve el fortalecimiento de las medidas de atención y reparación para miembros de la fuerza pública excluidos de régimen especial y para los miembros de los grupos armados al margen de la ley que hayan dejado las armas y que, por hechos ocurridos durante el tiempo que estuvieron en el grupo armado, hayan sido víctimas directas e indirectas de graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Este asunto requiere de una reglamentación especial dentro de los seis meses siguientes a la expedición de la ley.
● Se amplía el margen de edad de los jóvenes desmovilizados que tengan entre 18 y 23 años que, habiendo sido víctimas de reclutamiento ilegal por parte de un grupo armado organizado al margen de la ley, no hayan logrado desvincularse antes de cumplir la mayoría de edad.
● Se reconoce como víctima en el exterior a cualquier persona que se encuentre fuera del territorio nacional, independientemente de su estatus migratorio en el país donde habita, si goza o no de medidas de protección internacional, refugio o asilo.